Lo que en otro tiempo tomaría unos pocos días, a las integrantes de Amigas por Venezuela les tomó más de un mes de espera. El 7 de julio salió finalmente su donación de 250 kilos de medicinas desde Santo Domingo, República Dominicana, hacia el país sudamericano. En ese lapso, la empresa de mensajería les informaba que debían esperar, puesto que temían que confiscaran los insumos en la aduana venezolana.

Los venezolanos que viven fuera del país enfrentan obstáculos para hacer llegar medicamentos a sus familiares y conocidos. Ellos tienen el deseo, una veces también el dinero para hacerlo, pero otras veces no. Entonces se organizan y sí, lo consiguen, pero allí están los insumos, en cajas, aguardando a que sean autorizados para distribuirse en Venezuela.

En junio se complicó mucho más realizar estos envíos por parte de particulares y organizaciones. Esto como consecuencia de la medida que tomó el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria en mayo, cuando prohibió a las empresas de mensajería ingresar material considerado por el gobierno como bélico y de apoyo a los manifestantes, que desde abril protestan contra las políticas del gobierno.

Dentro de los objetos prohibidos están chalecos antibalas, cascos, máscaras antigás, pero también kits de primeros auxilios, lo que incluye insumos médicos como gasas, cremas para las quemaduras, incluso implementos para realizar curas esenciales, de los que también hay escasez en el país. La verificación de estos artículos comenzó a retrasar los despachos de estas empresas. Y, posteriormente, algunas de ellas han detenido de manera temporal sus despachos hacia Venezuela.

PROHIBIDO SER SOLIDARIO

Las seis cajitas de pastillas que reunieron Federica Vegas y Mimí Nahas, ambas venezolanas residentes en República Dominicana, se transformaron, unas semanas después, en diez cajas grandes de diversos medicamentos.

Así empezó la iniciativa Amigas por Venezuela en abril pasado, cuando Nahas comenzó a recibir solicitudes de familiares y amigos de estos: “Un amigo necesita esto, fulanito necesita esto otro, y así terminamos haciendo un listado”.

Organizaron una rifa en la que distintos locales, de propietarios venezolanos y dominicanos, colaboraron. Sortearon entradas a conciertos, cenas en restaurantes, membrecías a gimnasios y tratamientos odontológicos. Con lo recaudado costearon el envío de las primeras diez cajas.

Adicionalmente, las venezolanas han logrado enviar insumos médicos en maletas de amigos y conocidos que han viajado a Caracas.

En este lapso han repartido ayuda para hospitales —como el J M de los Ríos, el principal centro pediátrico de Venezuela— y fundaciones.

Cuando la maquinaria, que incluye un grupo de colaboradores en Venezuela, parecía marchar bien, apareció la Operación Tun Tun. Anunciada por Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional y número dos del chavismo. Esta consiste en apresar a quienes promuevan las protestas callejeras, así como a quienes importen implementos que puedan ser usados en las manifestaciones.

En el anuncio, Cabello aludió directamente a las empresas de encomiendas, a las que advirtió que si importaban estos productos serían sancionadas en el marco de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

“Nosotras no mandamos artículos para manifestar, sino remedios. Este es un trabajo que hacemos por nuestro país porque está pasando por una gran crisis, pero el gobierno se ha tomado la tarea de satanizarlo”, dijo Nahas.

Vegas y Nahas denuncian que también deben lidiar con el miedo, temen que sus colaboradores puedan ser objeto de alguna acción por parte de las autoridades venezolanas por el simple hecho de repartir medicamentos a quienes no los consiguen o no pueden costearlos.

“Hace unos días llamé a una amiga que está distribuyendo comida y remedios en la ciudad (Caracas); recibe fondos de amigos que están fuera del país.  Cuando hablaba con ella me cambió la conversación porque estaba en un lugar público. No se puede hablar con libertad de este trabajo dentro del país”, expresó Vegas.

Su temor no parece exagerado cuando se toma en cuenta el caso de Lisbeth Añez, quien se dedicaba a llevar comida a jóvenes apresados por protestar contra el gobierno. Eso hacía hasta el 12 de mayo pasado que fue arrestada por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Se le imputaron cargos de rebelión militar y traición a la patria. La acusación se fundamenta en conversaciones de Whatsapp, revisadas ilegalmente, en las que supuestamente ayudaba a personas que organizan protestas antigubernamentales.

SOBORNO MEDIANTE

El 16 de junio, después de tres semanas de espera, las medicinas que envió Liza Vurgait, venezolana residenciada en Madrid, pudieron salir de la aduana en Venezuela y ser entregada a sus destinatarios, los jóvenes de Ucabistas Med, iniciativa de alumnos de la Universidad Católica Andrés Bello para destinar ayuda a personas heridas en las protestas.

En ese lapso, la empresa Liberty Express le informó que el retraso obedecía a que no se estaba haciendo el reconocimiento aduanal, con lo cual era imposible distribuir los paquetes dentro de Venezuela.

Paralelamente, Vurgait se encontró con otra limitación, las empresas grandes de encomiendas en Madrid comenzaron a establecer un límite de solo 10% de medicinas dentro de las encomiendas.

“Encontré una empresa pequeña que sí está despachando rápido, porque ellos le están pagando a los guardias en Venezuela para que permitan distribuir sus cargas. De todas formas, ya resulta muy costoso enviar pocos medicamentos junto con comida. Esa fue la única forma que logré mandar antihipertensivos y antidepresivos para mi familia. Por el momento he dejado de mandar ayuda a otras personas”, expresó Vurgait por vía electrónica.

Si bien las integrantes de Amigas por Venezuela no han tenido contratiempos al trasladar productos médicos en maletas de conocidos, otras personas sí se han expuesto a chantajes de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana.

Elisabeth Contreras, venezolana residenciada en Verona, Italia, lo vivió el año pasado, cuando llevó todo el tratamiento médico de su sobrina de cinco años de edad, quien debía someterse a una intervención cardíaca. Los medicamentos, obviamente, no se conseguían dentro del país. Así que aprovechó y llevó también otros insumos que venezolanos en Italia habían enviado a sus familiares.

“Cuando llegué al aeropuerto de Maiquetía, los guardias me preguntaron qué eran todas esas cosas, les expliqué que eran donaciones de personas en Italia para sus familiares y que las había declarado. Pero igual me pidieron dinero y les dije que no tenía, les saqué el informe médico de mi sobrina. Les dije que si me las quitaban, les estaban haciendo daño a personas enfermas. Entonces continuaron insistiendo en el dinero; yo solo tenía 15 euros. Al final de tanto decir y casi llorar agarraron la maleta chiquita, donde llevaba regalos y recuerditos, los sacaron y me dejaron pasar. Sé de personas que les han quitado hasta 100 euros”, contó Contreras a través de Skype.

Adolfo Sosa, teólogo venezolano residenciado en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, también se consiguió con estas irregularidades cuando llevaba medicinas y productos básicos para niños. Esa era la función de la iniciativa Ciudad Corazón que llevó hace dos años en Mérida (en el occidente del país). Pero los guardias le pedían dinero o productos cuando Sosa ingresaba al país.

Ahora él se encuentra en un apuro, a su mamá se le acabaron los parches de Exelon para el control médico de su mamá con alzhéimer. “Ya solo me queda recurrir a las ONG y a las personas de buen corazón para conseguir este producto médico”, dijo Sosa.

BUSCAR LA VUELTA

Las restricciones han obligado a los emigrantes venezolanos a idear nuevas vías o a afinar las modalidades que han implementado para seguir ayudando.

Mientras esperaban la salida de las cajas de Santo Domingo, las integrantes de Amigas por Venezuela enviaron dinero a la organización aliada Barriga Llena Corazón Contento. Esta preparó comidas para los niños del hospital J M de los Ríos y un ancianato, como una forma de colaborar con los pacientes ante la escasez de alimentos.

En este lapso se han organizado de tal modo que tienen un comité que se encarga de tratar directamente con los laboratorios farmacéuticos y conseguir un mejor precio. Para proseguir con las compras crearon una campaña en la plataforma digital Generosity.

“Le hicimos una compra importante a uno de los laboratorios, nos dieron 15% y nos donaron una caja de antibióticos, que la mandamos en el envío pasado a los niños transplantados del J M de los Ríos”, explicó Nahas.

Dada las dificultades para trasladar cargas a Venezuela, las voluntarias evalúan adquirir algunos de los pocos medicamentos que se consiguen dentro del país, luego se distribuirían gratuitamente entre pacientes que no pueden adquirirlos.

Comprar los remedios implica no solo conseguir el dinero, sino también los permisos. Contreras, por ejemplo, ha necesitado de la ayuda de un médico y una farmacia en Verona para conseguirlos. De esa forma ha podido colaborar con los tratamientos que necesitan pacientes  en Venezuela.

Una situación similar ha vivido Vurgait: “Una farmacia en Madrid  me ha donado algunas cajas de antibióticos y de corticoides. Y fue de mucha ayuda porque, en teoría, sin récipe no se venden antibióticos”.

A SOLAS

Si con organización resulta difícil ayudar a los pacientes en Venezuela, para los emigrantes que lo intentan en solitario es mucho más cuesta arriba.

El educador Carlos Mendoza salió en abril de este año de Venezuela y vive desde entonces en Santo Domingo, República Dominicana. En su habitación tiene tres muestras médicas, es lo más que ha podido conseguir para ayudar a su madre con alzhéimer, que vive en Caracas. Se las regalaron en la farmacia de una iglesia evangélica, él todavía no ha conseguido trabajo estable y no puede, por tanto, costear el envío de la dosis.

Él es educador y su esperanza es que en agosto se concreten algunas ofertas de empleo que ha recibido de instituciones de educación privada. Mientras tanto trata de estirar sus ahorros y muchas veces limitar su dieta a arroz y salami, el embutido más popular del país y también uno de los más baratos.

Desde enero de este año, él y su familia no le han podido conseguir las medicinas para su mamá (Revastigmina, Memantine y Quetiapina) dentro del territorio venezolano. Lo primero que hicieron fue recurrir a su hermano que reside desde hace diez años en Estados Unidos.

“Le preguntamos si él podía conseguirlas allá. Pasaba el tiempo y él no nos decía nada. Al mes y medio nos dice que no le alcanza. Nosotros, en nuestro desconocimiento de la economía, nos decíamos que si esas medicinas eran baratas aquí (cuando se conseguían), por qué él no las podía conseguir allá. Una amiga viajó a Estados Unidos después y me llamó: ‘Sí se consiguen, Carlos. Pero cuestan como mil dólares’. Intentamos luego con un amigo en Colombia, allí estaban en 350 dólares. Pero era complicado, porque mi hermano tenía que mandarle el dinero por Western Union, luego que mi amigo pagara el delivery y ver cómo se lo pagábamos luego. Y a fin de cuentas ese esfuerzo se puede hacer una vez, pero mi hermano no puede disponer de 400 dólares de su presupuesto todos los meses”, relató Mendoza.

Las esperanzas de Mendoza, así como las de Sosa, están puestas fundamentalmente en encontrar alguna organización benéfica que lo ayude con el tratamiento de su madre.

La sensación con la que se despierta Mendoza todos los días es una muestra de la pérdida de capacidad que la crisis les ha quitado a los ciudadanos venezolanos para hacer frente a sus compromisos más básicos:

“Lo que realmente pega es el tema social, es la culpa que yo tengo de no conseguirle la medicina a mi mamá, que no le va a quitar el alzhéimer, pero, coño, uno tiene que conseguirle las medicinas a la gente, esa es la preocupación más íntima”, dice el educador.

SIMÓN GONZÁLEZ